Despenalizar o legalizar el aborto
no conduciría, como se llega a decir, a que las mujeres se
dedicaran en adelante a tener abortos de manera “desenfrenada”.
La experiencia mundial nos muestra que en caso de tal despenalización
o legalización, su práctica se mantiene y decrece
—sin desaparecer del todo—, en tanto se acompaña
de la consolidación de una seria educación sexual
integral y de información objetiva al respecto. Lo que se
logra en ese sentido es que el número de abortos no sólo
no crece sino que se muestra tal cual es, se evidencia su dimensión
real. El mejor logro sin excepción es la drástica
reducción de la mortandad femenina.
Lo anterior se explica en nuestra realidad actual, cuando comprendemos
que no es por gusto ni por diversión sino por el conjunto
de circunstancias tan adversas por las que las mujeres son orilladas
al aborto clandestino, aquél que se practica fuera de la
ley “a escondidas de la sociedad” y que muchas veces
se convierte en un aborto
inseguro, es decir el que se practica en condiciones de riesgo
para la salud o la vida de ellas.
Todo mundo sabe que ante un problema de este tamaño quienes
tienen mejores probabilidades de salir bien libradas son quienes
tienen más recursos económicos y respaldo social,
por lo que quienes suelen perder la vida o la salud son quienes
no cuentan con ellos. En este país más de la mitad
de la población femenina tiene pocos o escasísimos
recursos, por lo tanto, el acceso al aborto resulta ser un asunto
DE ELEMENTAL JUSTICIA SOCIAL.
En México el aborto PRACTICADO EN CONDICIONES INSEGURAS
es una de las principales causas por las que muchas mujeres mueren
día con día. Las mujeres son poco más de la
mitad de la población en este país. La magnitud del
daño a la población hace que este sea considerado
por los especialistas como un problema de salud pública,
un problema de TODAS Y TODOS, que nos atañe y que nos debería
de importar más de lo que nos ha importado hasta ahora; que
nos compromete ahora mismo ya sea que lo queramos ver o no.
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